¿A QUIÉN LE IMPORTA LA REFORMA DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN ESPAÑA?. NOTAS PARA UN DEBATE SOBRE CIENCIA POLÍTICA Y CIUDADANÍA

JORNADA DE DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LAS PROVINCIAS

MESA REDONDA: EL FUTURO DE LAS DIPUTACIONES Y LA REFORMA DE LA PLANTA LOCAL

Ourense (22-VI-2012)

La celeridad en los cambios políticos, sociales y económicos del mundo actual, dejan tras de sí una huella profunda en forma de (des)conocimiento, donde la cantidad prima sobre la calidad, la táctica sobre la estrategia, la norma sobre la política.

Con este párrafo, a modo de introducción, desearía agradecer a la Diputación de Ourense, en las personas de su Secretario General, y de su responsable de Formación, por la oportunidad del debate sobre el futuro de las provincias y las diputaciones provinciales, así como por la calidad de los ponentes seleccionados y el tema escogida a tal fin.

Visto el planteamiento y formando parte de un elenco tan prestigioso como el que se reunió en la Diputación de Ourense el pasado día 22 de junio, no queda más que posicionar mi intervención, recogida íntegra por el servicio de formación en formato de streaming (http://new.livestream.com/accounts/719641/futuroprovincias), a los efectos de contextualizar lo que resulta de interés para un politólogo en un debate sobre la reforma de la planta local y el futuro de las diputaciones provinciales.

Pues bien, mi enfoque tiene una raíz política, contempla el marco normativo, pero es “alegal” (siguiendo los planteamientos neofederalistas y de relaciones intergubernamentales desarrollados por Robert Agranoff, desde los años 90). A partir de aquí, debe quedar claro que no pretendo “defender o acusar” la legitimidad de una institución como la provincial; de hecho vengo planteando desde hace años que la reforma de la planta territorial en España debe hacerse de forma holística y no suprimiendo unas y creando otras (Varela, 2006: 35-55; http://www.eixoatlantico.com/eixo/sites/default/files/revista9.pdf).

De lo que no cabe duda es de que no hemos aprendido nada de la historia local en España en estos últimos doscientos años, ya que seguimos planteando un problema sociopolítico desde una óptica normativo-económica. De hecho, nuestro planteamiento de partida tiene que ver con la ineficacia de las normas (“¿una obra es correcta, si su expediente es correcto?”, se pregunta uno de los ponentes), y con la dimensión tecnocrática de los cambios; dejando de lado las cuestiones sustantivas de todo cambio territorial y social: la política (que no los partidos políticos).

Y es que aunque el día 6 de julio de 2012, el Consejo de Ministros alumbre una nueva propuesta de reforma local en España, la sensación sigue siendo la que nos trasladaba Michel Crozier hace década: “no se cambia una sociedad por decreto”. El problema continua así pensando qué hacer con los ciudadanos (en el mejor sentido de la palabra): ¿contar con ellos e implicarlos en la reforma?, ¿pensar por ellos y diseñar la reforma?, ¿asumir que son una parte del proceso de prestación de servicios públicos?… aunque nadie se atreva a decirlo así. Porque la planta local española, su reforma, claro, no plantea problemas en partes del territorio de Castilla y León que tienen municipios despoblados: allí se puede fusionar; resulta más difícil hacerlo en aquellos otros que tienen pocos habitantes, de edad avanzada y dispersos a lo largo y ancho de su término municipal.

A estas alturas de la democracia, se ha perdido la perspectiva sobre el enorme esfuerzo que todos los actores corporativos (FEMP, FEGAMP, Administración General del Estado, Colegio de Secretarios e Interventores, Comunidades Autónomas…), han desplegado en esta materia. Los resultados, como la tozuda realidad, escasos y de poco calado (¿Ley 57/2033?).

Por todo ello, no nos queda más remedio que plantear el debate presente y futuro con un punto de escepticismo, mucha paciencia (tras la aprobación en Consejo de Ministros viene la “comitología” parlamentaria y sus “check and balances”, a la española) y la intención de no perder el foco del problema, que para los politólogos debería estar, por este orden, sobre: 1) los ciudadanos, 2) la gestión de los servicios, 3) la cooperación intergubernamental.

En la base de todo este “macroproceso” de cambio sociopolítico y territorial de Estado (así debería ser, aunque no lo creo), reaparecen las viejas-nuevas ideas del “contrato social”, el consenso sobre los bienes públicos, privados y “comunes”, en definitiva, la reforma de la democracia local (que no “autonomía local”), con base en 1) un nuevo liderazgo institucional; 2) una nueva ciudadanía activa y comprometida con el bien común.

O lo que es lo mismo, no se puede cambiar el gobierno, la administración y los ciudadanos por decreto, es mejor pensar que son ellos los que deben transformar su entorno a través de procesos deliberativos, y activando las nuevas claves de la buena gobernanza (Varela, 2012: 455-489: http://www.eixoatlantico.com/eixo/sites/default/files/Retos%20de%20la%20accion.pdf).

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