Recortes y Universidad. ¿Quién gana y quién pierde?

Con motivo de una entrevista que me realiza un medio de comunicación gallego, en relación con la eterna crisis que vivimos, planteo algunas reflexiones de carácter politológico, que, seguro, son de escaso interés, pero a mí me resultan estimulantes
A los profesores de Universidad, como empleados públicos y como ciudadanos, los recortes nos afectan porque no hay que olvidar que a través del pago de los impuestos e indirectos, más de 2 millones y medio de familias contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos, los recortes nos afectan de forma directa. Un cálculo aproximado, que varía en función de las Comunidades Autónomas (con competencias transferidas en educación) y de la categoría profesional y antigüedad, nos da como resultado un recorte salarial de entre un 15% y un 20%, acumulado desde el año 2010 hasta la actualidad.

Con todo, el problema de los recortes no sólo implica al profesional de la administración pública, sino también a la universalidad y calidad de los servicios públicos… y sobre este tema no se ha querido debatir, de forma consciente, porque tengo la intuición de que lo que se pretende es concluir un gran proceso de cesión de la titularidad de los servicios del bienestar al sector privado, eso sí  después de que el Parlamento haya realizado la correspondiente “actualización”, o lo que es lo mismo, la reducción de su personal y el pago de la deuda, con el fin de que la compra de estas instituciones les resulte atractiva a los futuros compradores de los servicios sociosanitarios, de educación, de ocio, de medio ambiente.
En clave más personal y analizando el efecto de los recortes en perspectiva autonómica e incluso viguesa, encontramos algunos puntos negros pero también algunas posibilidades, que toda crisis ofrece. En primer lugar, es obvio que los empleados públicos del sector educativos van a ver reducidos sus salarios (incluida paga extra en 2012, 2013…), aumentado su horario y empeoradas las condiciones de trabajo (menos material y ambiente laboral precario); esto es especialmente grave en la educación superior porque los profesores somos Personal Docente e Investigador, o lo que es lo mismo, nos pagan por dar horas de docencia, pero nos evalúan y podemos progresar o no en la carrera académica en función de nuestra investigación. Tal y como están las cosas, la investigación empeorará por falta de tiempo (nos aumentan la docencia) y por falta de recursos (reducción de presupuesto). ¿Quién pierde en este escenario?, los destinatarios de la investigación: la sociedad, sus empresas, sus instituciones; además de los alumnos y sus familias que no ven retorno a la inversión (tasas de matrícula y esfuerzo en el pago de viajes, manutención, vivienda, etcétera, los años de estudios). ¿Quién gana?, está por ver, pero lo que parece claro es que lo que debilita al sector público, hace más fuerte al sector privado.

Otro de los problemas graves que acarrean estos recortes en la Universidad pública tiene que ver con aquello que los politólogos que nos dedicamos al gobierno y a la gestión pública llamamos la “dimensión oculta de la gestión”. En pocas palabras este “dimensión oculta” alude a la imposibilidad de que determinadas áreas académicas de la universidad puedan ser gestionadas por el profesorado, que a lo largo de los últimos años, ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la gestión de facultades, departamentos, grupos de investigación… ¿Quién pierde en este escenario?. La propia universidad que no dispondrá de personal dedicado a la organización docente e investigadora. ¿Quién gana?, también tendremos que esperar acontecimientos, pero esta situación debería dejar abierta la posibilidad de abordar la profesionalización de la gestión y la dirección de las instituciones de educación superior, dejando de lado el voluntarismo y la intuición, para dar paso a expertos en el “arte de la gestión”.

Toda crisis plantea “ventanas de oportunidad” y esta no podía ser menos. Hay que pensar que la oportunidad de contar con una Universidad pública en el sur de Galicia es un recurso estratégico indispensable para el desarrollo social y económico de Vigo, su área y el conjunto de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. De hecho, además de por la investigación, las patentes, y los recursos de los proyectos internacionales, la Universidad de Vigo pone a disposición de las familias del sur de Galicia, en sus Campus de Vigo, Pontevedra y Ourense una serie de titulaciones de calidad reconocidas por las agencias españolas y gallegas (ACSUG y ANECA), con un buen número de doctores y redes de investigación internacionales (Campus del Mar), que permite que los estudiantes que no pueden desplazarse a Madrid o Barcelona (por poner dos ejemplos donde el coste de la vida por los recortes y la subida del IVA va a resultar insoportable), puedan desarrollar sus estudios de Grado y Posgrado en su lugar de origen…  yo no tuve esa oportunidad a finales de los 80 y decidí irme fuera a estudiar.

A la pregunta que me planteas de si estas medidas son justas o no, no soy capaz de dar una respuesta, y en todo caso a quien le corresponderá facilitarla es a la familias que deseen que sus hijos se formen en un modelo de educación superior universal, de calidad, con un coste asumible y socialmente responsable.

Ya en el plano más general, las reflexiones sobre la crisis y el procedimiento político que se está siguiendo para abordarla son de “perogrullo”, y  cualquiera con capacidad para interpretar las resoluciones del Consejo de Ministros y sus publicaciones posteriores en el Boletín Oficial del Estado (por desgracia últimamente no coincide lo que se dice un viernes, con lo que aparece publicado el sábado), sabe que una política de recortes sin un plan de desarrollo económico, industrial y social, está condenado al fracaso.

Bien es cierto, que las medidas que se vienen tomando en España en los últimos meses, son responsabilidad del Presidente del Gobierno y de su Gabinete, aunque el contexto ayuda mucho: el resto de partidos políticos que han sido incapaces de trabajar de forma coordinada y cooperativa en las anteriores legislaturas y en la presente; o los sectores corporativos (sindicatos y patronal, fundamentalmente, pero también sector financiero y mediático). Todos ellos son culpables por acción u omisión de la situación sociopolítica y económica en la que nos encontramos.

Lo grave de la crisis no aparece en la destrucción de empleo y del Estado del Bienestar que llevan aparejado los recortes… lo realmente dramático y lo que los ciudadanos reclaman (y lo harán con más contundencia en las próximas semanas), tiene que ver con la falta de alternativas que estos actores públicos y privados nos ofrecen como ciudadanos.

Si de algo somos culpables los ciudadanos-contribuyentes es de haber ayudado a convertir más de tres décadas de democracia representativa, en una “democracia delegativa”, en la cual hemos confiado y que al final, en forma de mala calidad de la representación política, social y económica, nos devuelve a la realidad de la Transición (y no es una forma de hablar).

Este momento histórico sirve para repensar nuestro modelo democrático y diseñar los próximo treinta años de convivencia en común. No pierdo la esperanza de que los ciudadanos (esta vez convencidos de sus responsabilidades), conseguiremos enderezar el rumbo de la historia, a pesar de los esfuerzos en contra de las élites empresariales y políticas; porque esta vez nos encontramos ante un juego de “suma cero”, o ganan ellos, o ganamos nosotros.

Enrique José Varela Álvarez

Dr. en Ciencia Políticas y de la Administración en una Universidad Pública (la de Vigo, claro).

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